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El Principado tratará de detectar
posibles «desigualdades» en el sistema sanitario con la Encuesta de Salud Añade cuestiones sobre costumbres sexuales, maltrato y
violencia al test al que responderán 2.500 ciudadanos GONZALO DÍAZ-RUBÍN
CONSEJERO. Ramón Quirós, ayer, en Oviedo. / J. DÍAZ «Queremos saber la opinión de los ciudadanos sobre el
sistema y su salud, no lo que nos dice el sistema de la salud de sus usuarios».
Ese es el objetivo declarado de la segunda Encuesta de Salud del Principado,
cuya toma de datos comenzará el lunes, y que incluye nuevos apartados que
mejoran la pionera, realizada hace seis años.
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El
hospital de parapléjicos pierde apoyos La plataforma ciudadana se
disolverá esta semana tras dos años de vida. JAIME MARCOS
Manifestación celebrada en
Oviedo en favor del hospital de parapléjicos para Langreo. La Plataforma Ciudadana en
Defensa del Hospital de Parapléjicos se autodisolverá esta semana tras más de
dos años de actividad social y reivindicativa para intentar que se construyese
un centro sanitario específico en Langreo para asistir a lesionados medulares.
La falta de apoyos llevó a esta entidad a una merma de su actividad y,
finalmente, se ha acordado convocar a todos sus miembros para adoptar, de forma
oficial, la decisión de acabar con su actividad. Algunos de los componentes de la
plataforma, como es el caso de los representantes del PP, consideran que se debe
mantener la plataforma. A pesar de ello la mayor parte de sus miembros han
declarado en varias ocasiones durante los últimos meses "estar cansados de
tanta apatía y falta de apoyos". La plataforma agrupa a un gran número
de entidades de Langreo y algunas de ámbito comarcal. Este ente social se creó
en una asamblea abierta celebrada el día 6 de abril del año 2006 tras la
iniciativa de un grupo de personas que defendían este proyecto a título
personal. Está inscrita con el número 8254. Posteriormente se sumaron a la
reivindicación de crear un centro específico y de referencia sanitaria la
Asociación de Empresarios del Nalón, (Ena), la Asociación de Comerciantes del
Valle del Nalón, (Acoiván), la Asociación de Comerciantes de Sama, (Acosa),
los partidos políticos IU, PP y el Bloque por Asturies. También están
presentes representantes de los sindicatos CCOO, USO y CSI, la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Langreo, de El Entrego, Sotrondio y Laviana, así
como las asociaciones de mujeres El Fresno, Les Filanderes, Amas de Casa de Ciaño,
la sociedad La Montera, algunos clubs deportivos, además de varias personas a título
particular. Durante su existencia este grupo
ha organizado actos reivindicativos de gran importancia, como fueron las
manifestaciones celebradas en Langreo, a las que acudieron miles de personas.
También se llevó a cabo una gran protesta en Oviedo para tratar de captar la
atención del Gobierno regional. Los malos momentos se repitieron
en varias ocasiones. En enero del año 2007 el presidente de la plataforma, José
Emilio Morán, convocó a todos las entidades que conformaban el grupo de presión
para estudiar las medidas y actuaciones que se podrían llevar a cabo
"teniendo en cuenta que se deberán superar las que ya se llevaron a
cabo". Esta superación no se pudo alcanzar, y seis meses después la
actividad cesó casi por completo. El mismo presidente admitía entonces que no
había habido reacciones a sus protestas "ni buenas ni malas, y por tanto
eso es lo peor que puede pasar". El Gobierno regional no se reunió
con la plataforma y a cambio presentó el centro estatal de lesionados medulares
para Langreo.
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Los
afiliados extranjeros a la Seguridad Social ascienden a 16.2 Esta
cifra supone un incremento del 22,7% respecto al mismo mes del pasado ejercicio 20.05.08
- 10:29 - EFE
| OVIEDOEl número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad
Social en Asturias se situó en 16.202 al finalizar abril, lo que
supone un incremento del 22,7 por ciento respecto al mismo mes del pasado
ejercicio. Según
datos aportados hoy por el Ministerio de Trabajo,
en el régimen general hay inscritos 11.080 extranjeros, mientras que en el de
autónomos la cifra se sitúa en los 2.178, y en el Empleados del Hogar, en
2.071. En
el régimen especial agrario, los inmigrantes registrados son 303, mientras que
en el del Mar hay 232 y en el de la Minería del Carbón, otros 338. En
toda España, la media de afiliados extranjeros se sitúa en 2.109.828, con
Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia como comunidades
autónomas en las que hay más inmigrantes trabajando.
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Los
expertos ven difícil defender el céntimo sanitario en Europa Consideran que si el caso llega
a Luxemburgo se dará la razón a la CE.Plantean como alternativa una subida del
IVA o cobrar un euro por consulta. 18/05/2008 EFE Parece ser que el gobierno
central podría tener dificultades para defender el impuesto del céntimo
sanitario, aplicado en seis comunidades, entre ellas Asturias. Al menos así lo
ven los expertos que han valorado el tema. En concreto, el portavoz de
Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), José María Peláez, considera que
"no tiene sentido" que haya un impuesto, como el "céntimo
sanitario", para financiar la sanidad, una opinión que comparte el experto
fiscal Gerard Marata, quien sostiene que "el Gobierno tiene difícil
defender su legalidad". También en este sentido se ha
manifestado Javier Wrana, profesor titular de la Universidad Juan Carlos I,
quien ha explicado que hay muchas maneras de financiar la sanidad y, entre
ellas, gravar la consulta de los médicos con un pequeño coste, "un euro
por consulta". Estos expertos se han referido así a la situación que se
podría crear en Asturias y en las otras cinco comunidades autónomas --Madrid,
Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha- que aplican el
"céntimo sanitario", una vez que la Comisión Europea ha dicho que el
impuesto no cumple la normativa y ha reclamado su revisión. Ambas partes no
descartan llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para el portavoz de la organización
profesional de Inspectores de Hacienda de Estado se podría aprovechar el nuevo
modelo de financiación autonómica para que, con las nuevas figuras impositivas
o los nuevos porcentajes de financiación, las autonomías tuvieran fondos
suficientes para financiar no sólo la sanidad, sino también la justicia y la
educación. En este sentido, Peláez también considera que si se llevara a cabo
un plan de lucha contra el fraude fiscal "realmente habría fondos
suficientes para atender las necesidades" de las tres áreas citadas. Por
ello, el portavoz de los Inspectores de Hacienda considera que "no tiene
sentido" que haya un impuesto para financiar una actividad concreta como es
la sanidad, y que se esté planteando la supresión de figuras que aportan más
dinero como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones o el Impuesto sobre
Patrimonio. Por su parte, el experto en
fiscalidad medioambiental del bufete de abogados Cuatrecasas, Gerard Maratam,
cree que el Gobierno tendrá que lidiar mucho para argumentar la legalidad de la
medida. Marata recuerda que la propia directiva europea prevé que los Estados
incluyan algún impuesto sobre hidrocarburos, pero para poder incluirlo tiene
que cumplir al menos un requisito: "que tenga una finalidad específica".
A juicio de este experto fiscal,
el hecho de que se destine un impuesto "a una finalidad presupuestaria
concreta no lo convierte en una finalidad específica". Marata ha explicado
que "la sanidad es una parte del presupuesto, y si implanto un impuesto que
lo financia estoy quitando una partida presupuestaria que podría destinar a
otro fin". También ha valorado como alternativa viable el euro por
consulta médica, ya que además de servir a la financiación "desincentiva
a los pacientes que, en ocasiones, hacen un uso irracional del sistema
sanitario". Marata también ha advertido de
que si finalmente el impuesto se declara contrario al derecho comunitario sería
nulo "y nunca debería haber tenido efecto", y le podrían dar un carácter
retroactivo. No obstante, el experto cree que esto no se hará ya que se crearía
una situación caótica: " a quién habría que devolver el dinero, a la
gasolinera, a los usuarios...?", y, por tanto, tendrá simplemente un
efecto "ex novo". El profesor Javier Wrana ha
propuesto otras alternativas al céntimo como una subida del IVA, impuestos
autonómicos específicos o peajes en las autovías. Preguntado por la
posibilidad de poner en marcha un plan de lucha contra el fraude fiscal, Wrana
ha dicho que sí sería posible, si bien ha advertido de que los costes pueden
ser mayores que los beneficios. Wrana no ha mostrado ninguna duda en que si el
caso sobre el céntimo sanitario llega a Luxemburgo, el Tribunal dará la razón
a la CE. Desde el Gobierno del Principado
se ha defendido la legalidad de dicho impuesto y su utilidad. En concreto, el
propio presidente Vicente Alvarez Areces comentó al respecto que es
"plenamente legal y necesario" y aseguró que "contribuye a
mejorar el sistema público de salud". El jefe del ejecutivo regional
recordó que se trata de un tributo vigente, cuyo cobro es "adecuado",
que no puede ser calificado de "ilegal", que es de titularidad estatal
y que se aplica desde 2002 en todas las comunidades autónomas a las que está
cedida la recaudación. El impuesto entró en vigor en el año 2002 con el
gobierno del Partido Popular.
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El
Principado abre la puerta a la gestión privada de los geriátricos Bienestar admite la entrada en
el sector público de compañías con ánimo de lucro. PABLO ZARIQUIEGUI Ya lo hace Esperanza Aguirre en
Madrid. El modelo de financiación pública, gestión privada que la comunidad
madrileña aplica ya a sus nuevos hospitales podría llevarse a cabo en Asturias
con los servicios sociales. El dato se puso de manifiesto ayer durante la
comparecencia de Teresa Ordiz, viceconsejera de Centros, Familia, Infancia y
Mayores. Ordiz, que acudía al Parlamento autonómico a petición de Izquierda
Unida, indicó que no está previsto un cambio de modelo en la gestión de los
servicios sociales en Asturias. La viceconsejera, ya en el turno de preguntas,
dejó claro, sin embargo, que es más que probable que la futura residencia de
Sotrondio sea gestionada por una empresa privada. Esta posibilidad, de llevarse a
efecto, supone una novedad sobre el sistema actualmente en vigor. Ordiz
defiende, en sintonía con el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno, la
coexistencia de un sistema mixto de servicios sociales. La viceconsejera citó,
en concreto, que hasta ahora perviven cuatro iniciativas de gestión diferentes:
directa a través del ERA, indirecta mediante convenios, indirecta mediante
licitación pública y concierto de plazas con el sector privado. Dicho de forma
más sencilla, hasta ahora, los servicios propiamente asistenciales de los
centros sociales son gestionados por el ERA, por entidades sin ánimo de lucro,
tipo Fampa o Mensajeros de la Paz, o mediante el concierto de un número
determinado de plazas con geriátricos privados. La diferencia, que podría
comenzar con el nuevo centro polivalente de Sotrondio, reside en que por primera
vez un geriátrico construido con fondos públicos podría cederse para su gestión
a una empresa privada como Eulen o Mapfre. La viceconsejera, a preguntas de
la diputada de Izquierda Unida Noemí Martín, comenzó reiterando que la
situación de prórroga presupuestaria que sufre el Ejecutivo autonómico
explica que Bienestar, a través del ERA, carezca de los medios económicos para
acometer la gestión del nuevo recurso. Ordiz se desdijo después, dado que el
crédito extraordinario aporta fondos adicionales, y acusó prácticamente a
Izquierda Unida de haber obligado a la Consejería de Bienestar Social a
externalizar la gestión del nuevo centro polivalente de Sotrondio. La
viceconsejera se escudó en el ya famoso convenio suscrito en febrero de 2007
entre la consejería, cuando la capitaneaba Laura González, de IU, y la
sociedad pública Sedes S.A. Ordiz recordó, una vez más, que
el acuerdo entre ambas partes, a diferencia de los anteriores, no otorga un
derecho preferente a Bienestar Social para decidir asumir en arrendamiento la
nueva residencia. Martín se defendió señalando que está pendiente de firma
la adenda del convenio en la que existe la opción para que el ente público ERA
se haga cargo de la gestión. De hecho, la diputada de Izquierda Unida llegó a
solicitar a la viceconsejera, sin obtener una respuesta, el texto que figurará
en la adenda que podría aclarar el futuro del nuevo centro. Martín recordó
también que ninguna de las residencias abiertas durante la legislatura anterior
se dejó por lo que respecta a los servicios asistenciales en manos privadas. La
portavoz de IU reclamó al Ejecutivo la valentía suficiente para asumir políticamente
su decisión.
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