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El Principado tratará de detectar posibles «desigualdades» en el sistema sanitario con la Encuesta de Salud

Añade cuestiones sobre costumbres sexuales, maltrato y violencia al test al que responderán 2.500 ciudadanos

GONZALO DÍAZ-RUBÍN

             El Principado tratará de detectar posibles «desigualdades» en el sistema sanitario con la Encuesta de Salud

CONSEJERO. Ramón Quirós, ayer, en Oviedo. / J. DÍAZ

«Queremos saber la opinión de los ciudadanos sobre el sistema y su salud, no lo que nos dice el sistema de la salud de sus usuarios». Ese es el objetivo declarado de la segunda Encuesta de Salud del Principado, cuya toma de datos comenzará el lunes, y que incluye nuevos apartados que mejoran la pionera, realizada hace seis años.

El consejero, Ramón Quirós, pidió ayer la colaboración de los ciudadanos con el muestreo. 2.500 serán entrevistados en sus domicilios para responder, en un «ambiente de privacidad», a 120 preguntas «que llevan entre 30 y 45 minutos». Y es que el cuestionario aborda temas sensibles, con apartados dedicados a la violencia, el maltrato, la salud mental o la sexualidad, que no tuvieron hueco en la primera encuesta.

Los 2.500 encuestados serán elegidos de forma proporcional a la población de cada área sanitaria entre los mayores de 16 años. Se excluirá a los hospitalizados y residentes en centros de mayores «para no alterar los valores», explicó Mario Margolles, jefe del servicio de vigilancia de la Dirección General de Salud Pública.

La encuesta incorpora nuevas áreas y refuerza las referidas a calidad de vida y hábitos, pero también ha recibido un nuevo enfoque. Quirós insistió en que el objetivo de este segundo muestreo es «dirigir las actuaciones sanitarias hacia donde más se necesite». «Buscar cualquier tipo de desigualdad» en la salud o su percepción entre los ciudadanos de la región, precisó MArio Margolles.

Con 23 millones de recetas expedidas el año pasado podría parecer que la salud del millón de asturianos es un desastre, pero este es el tipo de datos que se quieren contrastar con la Encuesta de Salud. «En un sistema moderno es básico contar con la percepción de los usuarios de la atención, la salud y la calidad de vida, un hecho subjetivo y que es un elemento esencial a la hora de valorar las políticas de salud», justificó Quirós.

Preguntas fáciles

Las 120 cuestiones han sido probadas antes, para garantizar que son fiables y sencillas de contestar. Al consejero, empeñado en una polémica reforma de la Atención Primaria, también le tocaron las suyas. Preguntado por su apoyo a una revisión del copago de los medicamentos, Quirós insistió en que respalda «que éste sea progresivo con la renta» del usuario. «Los jubilados con pensiones bajas van a seguir teniendo gratis los medicamentos, que no cunda el pánico entre los abuelitos», dijo. «Lo deseable es que el que tenga más que aporte más al mantenimiento del sistema de salud».  

 

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El hospital de parapléjicos pierde apoyos

La plataforma ciudadana se disolverá esta semana tras dos años de vida.

 JAIME MARCOS

Manifestación celebrada en Oviedo en favor del hospital de parapléjicos para Langreo.
Foto:ISABEL PERMUY

La Plataforma Ciudadana en Defensa del Hospital de Parapléjicos se autodisolverá esta semana tras más de dos años de actividad social y reivindicativa para intentar que se construyese un centro sanitario específico en Langreo para asistir a lesionados medulares. La falta de apoyos llevó a esta entidad a una merma de su actividad y, finalmente, se ha acordado convocar a todos sus miembros para adoptar, de forma oficial, la decisión de acabar con su actividad.

Algunos de los componentes de la plataforma, como es el caso de los representantes del PP, consideran que se debe mantener la plataforma. A pesar de ello la mayor parte de sus miembros han declarado en varias ocasiones durante los últimos meses "estar cansados de tanta apatía y falta de apoyos".

La plataforma agrupa a un gran número de entidades de Langreo y algunas de ámbito comarcal. Este ente social se creó en una asamblea abierta celebrada el día 6 de abril del año 2006 tras la iniciativa de un grupo de personas que defendían este proyecto a título personal. Está inscrita con el número 8254. Posteriormente se sumaron a la reivindicación de crear un centro específico y de referencia sanitaria la Asociación de Empresarios del Nalón, (Ena), la Asociación de Comerciantes del Valle del Nalón, (Acoiván), la Asociación de Comerciantes de Sama, (Acosa), los partidos políticos IU, PP y el Bloque por Asturies. También están presentes representantes de los sindicatos CCOO, USO y CSI, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Langreo, de El Entrego, Sotrondio y Laviana, así como las asociaciones de mujeres El Fresno, Les Filanderes, Amas de Casa de Ciaño, la sociedad La Montera, algunos clubs deportivos, además de varias personas a título particular.

Durante su existencia este grupo ha organizado actos reivindicativos de gran importancia, como fueron las manifestaciones celebradas en Langreo, a las que acudieron miles de personas. También se llevó a cabo una gran protesta en Oviedo para tratar de captar la atención del Gobierno regional.

Los malos momentos se repitieron en varias ocasiones. En enero del año 2007 el presidente de la plataforma, José Emilio Morán, convocó a todos las entidades que conformaban el grupo de presión para estudiar las medidas y actuaciones que se podrían llevar a cabo "teniendo en cuenta que se deberán superar las que ya se llevaron a cabo". Esta superación no se pudo alcanzar, y seis meses después la actividad cesó casi por completo. El mismo presidente admitía entonces que no había habido reacciones a sus protestas "ni buenas ni malas, y por tanto eso es lo peor que puede pasar".

El Gobierno regional no se reunió con la plataforma y a cambio presentó el centro estatal de lesionados medulares para Langreo.  

 

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Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social ascienden a 16.202 en Asturias

Esta cifra supone un incremento del 22,7% respecto al mismo mes del pasado ejercicio

20.05.08 - 10:29 -

EFE | OVIEDOEl número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Asturias se situó en 16.202 al finalizar abril, lo que supone un incremento del 22,7 por ciento respecto al mismo mes del pasado ejercicio.

Según datos aportados hoy por el Ministerio de Trabajo, en el régimen general hay inscritos 11.080 extranjeros, mientras que en el de autónomos la cifra se sitúa en los 2.178, y en el Empleados del Hogar, en 2.071.

En el régimen especial agrario, los inmigrantes registrados son 303, mientras que en el del Mar hay 232 y en el de la Minería del Carbón, otros 338.

En toda España, la media de afiliados extranjeros se sitúa en 2.109.828, con Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia como comunidades autónomas en las que hay más inmigrantes trabajando.  

 

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Los expertos ven difícil defender el céntimo sanitario en Europa

Consideran que si el caso llega a Luxemburgo se dará la razón a la CE.Plantean como alternativa una subida del IVA o cobrar un euro por consulta.

18/05/2008 EFE

Parece ser que el gobierno central podría tener dificultades para defender el impuesto del céntimo sanitario, aplicado en seis comunidades, entre ellas Asturias. Al menos así lo ven los expertos que han valorado el tema. En concreto, el portavoz de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), José María Peláez, considera que "no tiene sentido" que haya un impuesto, como el "céntimo sanitario", para financiar la sanidad, una opinión que comparte el experto fiscal Gerard Marata, quien sostiene que "el Gobierno tiene difícil defender su legalidad".

También en este sentido se ha manifestado Javier Wrana, profesor titular de la Universidad Juan Carlos I, quien ha explicado que hay muchas maneras de financiar la sanidad y, entre ellas, gravar la consulta de los médicos con un pequeño coste, "un euro por consulta". Estos expertos se han referido así a la situación que se podría crear en Asturias y en las otras cinco comunidades autónomas --Madrid, Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha- que aplican el "céntimo sanitario", una vez que la Comisión Europea ha dicho que el impuesto no cumple la normativa y ha reclamado su revisión. Ambas partes no descartan llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Para el portavoz de la organización profesional de Inspectores de Hacienda de Estado se podría aprovechar el nuevo modelo de financiación autonómica para que, con las nuevas figuras impositivas o los nuevos porcentajes de financiación, las autonomías tuvieran fondos suficientes para financiar no sólo la sanidad, sino también la justicia y la educación. En este sentido, Peláez también considera que si se llevara a cabo un plan de lucha contra el fraude fiscal "realmente habría fondos suficientes para atender las necesidades" de las tres áreas citadas. Por ello, el portavoz de los Inspectores de Hacienda considera que "no tiene sentido" que haya un impuesto para financiar una actividad concreta como es la sanidad, y que se esté planteando la supresión de figuras que aportan más dinero como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones o el Impuesto sobre Patrimonio.

Por su parte, el experto en fiscalidad medioambiental del bufete de abogados Cuatrecasas, Gerard Maratam, cree que el Gobierno tendrá que lidiar mucho para argumentar la legalidad de la medida. Marata recuerda que la propia directiva europea prevé que los Estados incluyan algún impuesto sobre hidrocarburos, pero para poder incluirlo tiene que cumplir al menos un requisito: "que tenga una finalidad específica".

A juicio de este experto fiscal, el hecho de que se destine un impuesto "a una finalidad presupuestaria concreta no lo convierte en una finalidad específica". Marata ha explicado que "la sanidad es una parte del presupuesto, y si implanto un impuesto que lo financia estoy quitando una partida presupuestaria que podría destinar a otro fin". También ha valorado como alternativa viable el euro por consulta médica, ya que además de servir a la financiación "desincentiva a los pacientes que, en ocasiones, hacen un uso irracional del sistema sanitario".

Marata también ha advertido de que si finalmente el impuesto se declara contrario al derecho comunitario sería nulo "y nunca debería haber tenido efecto", y le podrían dar un carácter retroactivo. No obstante, el experto cree que esto no se hará ya que se crearía una situación caótica: " a quién habría que devolver el dinero, a la gasolinera, a los usuarios...?", y, por tanto, tendrá simplemente un efecto "ex novo".

El profesor Javier Wrana ha propuesto otras alternativas al céntimo como una subida del IVA, impuestos autonómicos específicos o peajes en las autovías. Preguntado por la posibilidad de poner en marcha un plan de lucha contra el fraude fiscal, Wrana ha dicho que sí sería posible, si bien ha advertido de que los costes pueden ser mayores que los beneficios. Wrana no ha mostrado ninguna duda en que si el caso sobre el céntimo sanitario llega a Luxemburgo, el Tribunal dará la razón a la CE.

Desde el Gobierno del Principado se ha defendido la legalidad de dicho impuesto y su utilidad. En concreto, el propio presidente Vicente Alvarez Areces comentó al respecto que es "plenamente legal y necesario" y aseguró que "contribuye a mejorar el sistema público de salud". El jefe del ejecutivo regional recordó que se trata de un tributo vigente, cuyo cobro es "adecuado", que no puede ser calificado de "ilegal", que es de titularidad estatal y que se aplica desde 2002 en todas las comunidades autónomas a las que está cedida la recaudación. El impuesto entró en vigor en el año 2002 con el gobierno del Partido Popular.  

 

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El Principado abre la puerta a la gestión privada de los geriátricos

Bienestar admite la entrada en el sector público de compañías con ánimo de lucro.

 PABLO ZARIQUIEGUI

Ya lo hace Esperanza Aguirre en Madrid. El modelo de financiación pública, gestión privada que la comunidad madrileña aplica ya a sus nuevos hospitales podría llevarse a cabo en Asturias con los servicios sociales. El dato se puso de manifiesto ayer durante la comparecencia de Teresa Ordiz, viceconsejera de Centros, Familia, Infancia y Mayores. Ordiz, que acudía al Parlamento autonómico a petición de Izquierda Unida, indicó que no está previsto un cambio de modelo en la gestión de los servicios sociales en Asturias. La viceconsejera, ya en el turno de preguntas, dejó claro, sin embargo, que es más que probable que la futura residencia de Sotrondio sea gestionada por una empresa privada.

Esta posibilidad, de llevarse a efecto, supone una novedad sobre el sistema actualmente en vigor. Ordiz defiende, en sintonía con el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno, la coexistencia de un sistema mixto de servicios sociales. La viceconsejera citó, en concreto, que hasta ahora perviven cuatro iniciativas de gestión diferentes: directa a través del ERA, indirecta mediante convenios, indirecta mediante licitación pública y concierto de plazas con el sector privado. Dicho de forma más sencilla, hasta ahora, los servicios propiamente asistenciales de los centros sociales son gestionados por el ERA, por entidades sin ánimo de lucro, tipo Fampa o Mensajeros de la Paz, o mediante el concierto de un número determinado de plazas con geriátricos privados. La diferencia, que podría comenzar con el nuevo centro polivalente de Sotrondio, reside en que por primera vez un geriátrico construido con fondos públicos podría cederse para su gestión a una empresa privada como Eulen o Mapfre.

La viceconsejera, a preguntas de la diputada de Izquierda Unida Noemí Martín, comenzó reiterando que la situación de prórroga presupuestaria que sufre el Ejecutivo autonómico explica que Bienestar, a través del ERA, carezca de los medios económicos para acometer la gestión del nuevo recurso. Ordiz se desdijo después, dado que el crédito extraordinario aporta fondos adicionales, y acusó prácticamente a Izquierda Unida de haber obligado a la Consejería de Bienestar Social a externalizar la gestión del nuevo centro polivalente de Sotrondio. La viceconsejera se escudó en el ya famoso convenio suscrito en febrero de 2007 entre la consejería, cuando la capitaneaba Laura González, de IU, y la sociedad pública Sedes S.A.

Ordiz recordó, una vez más, que el acuerdo entre ambas partes, a diferencia de los anteriores, no otorga un derecho preferente a Bienestar Social para decidir asumir en arrendamiento la nueva residencia. Martín se defendió señalando que está pendiente de firma la adenda del convenio en la que existe la opción para que el ente público ERA se haga cargo de la gestión. De hecho, la diputada de Izquierda Unida llegó a solicitar a la viceconsejera, sin obtener una respuesta, el texto que figurará en la adenda que podría aclarar el futuro del nuevo centro. Martín recordó también que ninguna de las residencias abiertas durante la legislatura anterior se dejó por lo que respecta a los servicios asistenciales en manos privadas. La portavoz de IU reclamó al Ejecutivo la valentía suficiente para asumir políticamente su decisión.  

 

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