Reservado el derecho de admisión: “imprescindible requisito lingüístico"  

De las oposiciones en la España de las Autonomías.

Esta semana la opinión pública se ha sorprendido, y acaso escandalizado, porque el título de Eusquera puntúe 4 veces más que un doctorado en los méritos del personal sanitario Vasco.

Esta situación, implica un injusto proteccionismo del empleo público, que impide la movilidad laboral en el territorio nacional, amén de un agravio comparativo que contempla que un vasco pueda opositar en Asturias y un valenciano en Murcia pero nunca al contrario. Cada autonomía barre para casa y blinda su territorio funcionarial a través del requisito lingüístico, lo que supone una endogamia en la función pública, que favorece siempre al local y perjudica al usuario.

Una oposición es, o debiera ser, un proceso público abierto y equitativo en el que el Estado o la administración que lo representa, oferta las plazas que necesita a la libre concurrencia de candidatos. El principio que rige la adecuación al  puesto es el de mérito y capacidad al designar a los candidatos mejor preparados para el desempeño del servicio público. Si una administración autonómica cierra las puertas al concurso de candidatos foráneos el único resultado posible es un empobrecimiento de la calidad de los profesionales designados y por ende del servicio que los ciudadanos han de recibir. Una simple aplicación de las reglas de la competencia del libre mercado, y aún del mismo sentido común, no pueden llevar sino a esta conclusión.

Hace años, por puro azar, me vi en la circunstancia de actuar como tribunal de oposición en la autonomía donde vivo y en la que, no hace falta decirlo, se habla una hermosa lengua autóctona y co-oficial. Algunos de mis compañeros de tribunal, que habían repetido esta experiencia en la que yo era novato, se sorprendían del progresivo deterioro en el nivel de los opositores de año en año. Las explicaciones que acudían a la conversación deambulaban desde la mera casualidad a la nutrida oferta de plazas de otras comunidades, pasando por los cambios técnicos que, a la sazón, habían sido introducidos en el proceso. Al rato se me ocurrió mencionar que la causa podía estribar en que el blindaje lingüístico impedía la concurrencia de opositores de otras regiones y que por ello, el nivel del proceso de selección se resentía sensiblemente. “Nunca lo había mirado desde ese punto de vista” afirmó uno de ellos... y es probable que quien se beneficie de tal circunstancia no lo vea desde ese punto de vista.

No debe ser motivo de vergüenza el hecho de que un territorio se vea en la necesidad de importar profesionales de otro. La movilidad de habilidades y talentos enriquece la vida activa del país y, al contrario, los diques que se levantan artificialmente a propósito de las lenguas la sumen en el marasmo de la endogamia. Movilidad y dinamismo, por desgracia, no parecen estar en la agenda de la España de las Autonomías.

El sistema autoalimentado que se apoya sobre el blindaje lingüístico, es algo muy del gusto del localismo imperante. Es muy popular y útil electoralmente pues garantiza redes clientelares de funcionarios afectos a los que fideliza a través de la lengua y del aparato ideológico que lleva anejo. Todos los programas de difusión de las lenguas autonómicas en España financiados con fondos públicos, tienen en común más allá del vocabulario y la gramática de cada una de ellas, un corpus de “sociolingüística” que no es sino propaganda travestida de seria filología científica.

Puede que el centralismo en las administraciones públicas tenga mala prensa en la actualidad pero afirmo que la endogamia funcionarial autonómica basada en el blindaje lingüístico no es sana, ni justa ni eficiente. No es eficiente porque reduce la calidad del servicio que los ciudadanos reciben. No es sana porque impide la renovación y la movilidad laboral en el empleo público y perpetúa el clientelismo de las castas políticas locales. Y, sobre todo, no es justo porque segmenta España en compartimentos estancos pero en los que unos españoles pueden concurrir mientras a otros les está vedado.

Pobres usuarios y opositores del Estado de las autonomías. Todos barriendo para casa y la casa común sin barrer.

La insatisfacción de la atención primaria

ANDREU SEGURA Y A. MARTÍN ZURRO

Aumentar el número de profesionales puede acelerar la medicalización y crear falsas expectativas

Se trata de una señal de alarma que estimula a enfrentarse con los problemas y tratar de solucionarlos. Los ansiolíticos actúan como anestésico más que como bálsamo, de manera que el conflicto persiste a la vez que se incrementa la dependencia, se provocan adicciones y se expone uno a los efectos adversos de los medicamentos. Lo mismo se puede decir para la tristeza, una reacción normal que facilita la adaptación frente a los infortunios de la vida cotidiana. Las sociedades humanas han afrontado la ansiedad y la tristeza mediante el recurso a los amigos y familiares, las redes de apoyo social que la atención sanitaria no puede sustituir, aunque sea de agradecer el apoyo profesional.

Aumentar el número de profesionales no parece, pues, que pueda solucionar una insatisfacción provocada por la impertinencia. Más bien se corre el riesgo de acelerar la medicalización y fomentar expectativas irreales. Desde el sistema sanitario se debe poner de manifiesto esta limitación y, en sintonía con la comunidad, contribuir a buscar una alternativa mejor.

El acelerado incremento de la demanda de atención sanitaria no se corresponde con un aumento de las necesidades susceptibles de satisfacerse mediante asistencia médica. Luego se necesitan cambios profundos en la orientación, los propósitos y la organización del sistema sanitario en su conjunto y del papel que debe desempeñar en la sociedad actual. Cambios más radicales que la limitación del número de visitas diarias, el establecimiento de un tiempo mínimo para cada visita o incluso el recurso a poner barreras a la accesibilidad como los tickets moderadores del consumo, medidas que, si se permite la analogía, son sólo un tratamiento sintomático que no modifica las causas del problema.

Aun cuando mejorara la comodidad laboral -a costa de un esfuerzo económico notable-, difícilmente aumentaría la pertinencia, la efectividad, la eficiencia y la equidad de la asistencia. Parece conveniente, pues, que más allá de acogernos a lemas contundentes de gran efectismo, analicemos la responsabilidad del propio sistema sanitario como generador de demandas de efectividad incierta. Porque directa o indirectamente inducimos muchas de las actividades que se llevan a cabo, en gran parte mediante la promoción de la prevención individual. Por ejemplo, los programas del niño sano, que prescriben un considerable número de consultas de incierto beneficio; o el control de factores de riesgo como la hipertensión arterial, las dislipemias, la osteoporosis y tantos otros que generan una carga de trabajo desproporcionada si tenemos en cuenta que contribuyen muy poco a disminuir la frecuencia de los comportamientos poco saludables entre la población.

Muchas de ellas son actividades ineficientes que consumen muchos recursos en términos de esfuerzo asistencial, de análisis de control y de fármacos. Y eso que muchas de las medicaciones profilácticas se adquieren pero no se toman, como puede comprobarse al analizar los envases que se depositan sin abrir en los contenedores de las farmacias y los centros de salud. Son además actividades poco equitativas, porque los que más las consumen no son quienes más las necesitan.

No es que haya que renunciar a la prevención, sino que se debería plantear de otra forma. Las actividades clínicas preventivas deberían formar parte de programas comunitarios más amplios en los que se adoptaran iniciativas destinadas a modificar los estilos de vida de las personas mediante intervenciones políticas y sociales, puesto que las conductas no sólo vienen determinadas por la información y el consejo, sino que dependen de las condiciones de vida, de cómo y dónde se trabaja y se reside, de dónde se come, etcétera.

Desde que nuestra sociedad ha asumido la importancia de la prevención del tabaquismo y ha aceptado regulaciones que limitan su consumo, ha disminuido la proporción de fumadores. La contribución asistencial debe verse, pues, como un elemento más, pero no el único, de una política preventiva. Lo cual valdría seguramente para controlar el consumo peligroso de bebidas alcohólicas, conseguir una alimentación más saludable o mantener una actividad física suficiente.

Claro que hay otras cuestiones que agravan la presión. Por ejemplo, el hecho de que los equipos sean más bien un conjunto de profesionales que un grupo con objetivos, intereses, estrategias y actividades compartidas; o las dificultades para simplificar las tareas administrativas y burocráticas que, según la percepción de muchos profesionales, resultan demasiado engorrosas y no siempre está claro que sean útiles. Y la relación, a menudo subordinada, con la atención especializada. Son situaciones que sólo se pueden solucionar si se mejora la organización.

Estos aspectos de la práctica asistencial requieren una reorientación profunda de las actividades sanitarias, que, en cierta forma, promueven iniciativas como el Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP) o el proyecto Actuando Unidos para la Salud (AUPA). Cualquier incremento de los recursos sin acometer una drástica transformación será como aumentar el caudal de agua en un recipiente agujereado.

Andreu Segura es profesor de Salud Pública de la UB (asegurabene@ub.edu ) y Amando Martín Zurro es doctor en Medicina y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.